El 20 de enero de 2025, el presidente Trump emitió 26 órdenes ejecutivas (OE) y otras medidas centradas en la aplicación de las leyes de inmigración, con importantes repercusiones en la inmigración legal basada en el empleo. Las directivas incluyen procesos de investigación más estrictos, posibles retrasos en el procesamiento de visas y un mayor escrutinio de los trabajadores extranjeros, especialmente los de países que enfrentan prohibiciones de visas. Este proceso de investigación no solo involucrará a los nuevos solicitantes de visas, sino también a los no ciudadanos en los EE. UU. que ingresaron con una visa desde enero de 2021.
Los empleadores enfrentarán tiempos de espera más prolongados, mayores cargas administrativas y posibles interrupciones para los trabajadores de ciertos países. Además, las nuevas medidas de aplicación podrían exigir a los trabajadores extranjeros que lleven consigo una prueba de su estatus migratorio legal y la presenten a cualquier funcionario de inmigración con el que se encuentren si se lo solicita. Si bien los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos debido a los posibles desafíos legales, las empresas deben prepararse consultando a un asesor de inmigración y apoyando a los empleados afectados.
Hipotéticamente, las OE tienen como objetivo mejorar la seguridad nacional al abordar las posibles (reales y supuestas) amenazas que plantean los ciudadanos extranjeros que intentan ingresar o permanecer en los Estados Unidos y que supuestamente pueden participar en actos de terrorismo, promover ideologías nocivas o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos.
El propósito es identificar y examinar a las personas antes de que ingresen o mientras se encuentran en los Estados Unidos para evitar amenazas a la seguridad nacional. La orden también busca
“Garantizar que los [no ciudadanos] admitidos que de otra manera ya se encuentran en los Estados Unidos no tengan actitudes hostiles hacia sus ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundadores, y no defiendan, ayuden o apoyen a terroristas extranjeros designados y otras amenazas a nuestra seguridad nacional”.
Una de esas OE habla específicamente de la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva de los no ciudadanos que “ya están en los Estados Unidos, para que sean investigados y examinados al máximo grado posible”.
Se podría interpretar esto como un presagio de la restauración de un proceso de entrevistas telefónicas que puede parecerse al programa del Sistema Nacional de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad (NSEERS, por sus siglas en inglés) establecido tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por la agencia heredada, el Servicio de Inmigración y Naturalización (“INS”), y finalmente implementado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (“DHS”).
Este programa de “Registro Especial” requería que ciertos no ciudadanos (varones no inmigrantes de 16 años o más de 25 países específicos) se registraran ante las autoridades de inmigración y se presentaran en persona para una entrevista y para ser fotografiados y tomarles las huellas dactilares en una oficina local de la agencia.
Sin inmiscuirnos en temas políticos, como siempre ha sido nuestra costumbre, los autores de esta Guía hemos considerado seriamente la necesidad de advertir a nuestros hermanos latinos no ciudadanos sobre los posibles riesgos de participar en protestas públicas o publicar mensajes en las redes sociales que podrían ser interpretados como “controvertidos”. Esto se debe a que la OE aparentemente busca penalizar las acciones de los no ciudadanos que se perciben como una infracción de los derechos de los ciudadanos estadounidenses, incluida la libertad de expresión y de religión, y “recomienda mejoras a los programas de asimilación de inmigrantes para promover la adhesión a los principios y la identidad constitucionales de los Estados Unidos”. |
Sin embargo, es previsible que, cuando la actual Administración dé forma a estas nuevas directivas anunciadas, los tribunales federales sin duda tendrán la última palabra sobre el alcance de las actividades de los no ciudadanos protegidas por la Constitución.
Otra OE se enfoca en eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento dentro de los EE. UU., que está refrendado por la 14.ª Enmienda a la Constitución estadounidense. Aunque no es retroactiva, su implementación posiblemente enfrentará una amplia gama de demandas civiles que podrían terminar en una decisión de la Corte Suprema, por lo que no comentamos más detalles.
Hay otra OE, destinada a “proteger a los estadounidenses de una invasión”, cuyas disposiciones deben ser tomadas en cuenta, pues podrían conllevar a que incluso algunos que hoy son legales perdiesen tal estatus. Dicha OE rescinde varias OEs de la anterior administración, entre otras:
- Garantizar que la autoridad de libertad condicional se ejerza solo caso por caso y solo cuando un no ciudadano individual demuestre razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo derivado de su presencia continua particular en los Estados Unidos;
- Garantizar que las designaciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) tengan un alcance limitado; y
- Garantizar que no se otorgue autorización de empleo a ningún extranjero no autorizado en los Estados Unidos.
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